Este documento corresponde a una plantilla de petición general, diseñada para ser adaptable y útil para cualquier clase de solicitud. Puede emplearse para:

Solicitar información

Requerir documentos

Realizar consultas

El fundamento legal de esta minuta se basa en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1755 de 2017. Estas leyes garantizan a toda persona el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y a entidades privadas, y a recibir una pronta resolución.

Los plazos legales para la respuesta varían según el tipo de petición:

Petición de información o documentos: 10 días hábiles.

Petición general: 15 días hábiles.

Petición de consulta: 30 días hábiles.

Corresponde a un derecho de petición que puede ser adaptado para solicitar el CETIL (Certificado de Tiempos Laborados) ante cualquier entidad pública.

El CETIL es un documento fundamental. Una persona que ha laborado para una entidad pública por un tiempo determinado lo necesita para que dicha entidad reconozca ese periodo de servicio. De esta manera, el tiempo laborado puede ser aportado al fondo de pensiones al que el solicitante está afiliado.

En consecuencia, este certificado es crucial para que dicho tiempo sea incluido en la historia laboral del trabajador. El objetivo principal es que esas semanas sean sumadas y tenidas en cuenta para el reconocimiento y cálculo de su pensión.

La petición de Estabilidad Laboral Reforzada es un mecanismo legal en Colombia que protege a trabajadores en situaciones de vulnerabilidad, como aquellos con discapacidad, enfermedades graves, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o cercanos a la pensión. Esta protección impide que sean despedidos sin justa causa y, en algunos casos, requiere autorización previa de una autoridad laboral para terminar el contrato

Cuando la entidad encargada omite o retarda, la  atención médica  o entrega de  medicamentos,  se  utilizar el Derecho de Petición, que  permite solicitar  información, servicios, o la resolución de una situación a entidades de salud como tu EPS o IPS. Y Si no se obtiene  respuesta o la respuesta es negativa, se puede considerar la acción de tutela. 

El objetivo de esta minuta es presentar un derecho de petición con el fin de agotar la vía gubernativa o administrativa. Este procedimiento se utiliza para solicitar a una autoridad, encargada del reconocimiento de pensiones e indemnizaciones sustitutivas, que reliquide una prestación económica o indemnización que ya ha sido reconocida.

La necesidad de esta reliquidación surge cuando la prestación no se calculó de forma correcta, es decir, no se ajustó a la fórmula establecida en el Decreto 1730 de 2001. En estos casos, existen saldos a favor del afiliado o solicitante.

Una vez presentada la solicitud y en caso de que la entidad no reconozca la petición, se puede proceder con los recursos de reposición y apelación. Si, a pesar de estos recursos, la respuesta sigue siendo negativa, el solicitante tiene la opción de acudir a la vía judicial. En este punto, se puede presentar una demanda ante un juzgado para debatir el derecho y que un juez tome una decisión final mediante sentencia.

Se utiliza para solicitar la calificación del origen de una enfermedad, ya sea laboral o común, se inicia a través de la EPS (Empresa Promotora de Salud) a la que el trabajador esté afiliado. El trabajador o la entidad responsable (ARL, empleador) pueden solicitar esta calificación. La EPS, en primera instancia, determina el origen de la enfermedad. Si hay desacuerdo con la calificación, se puede apelar ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez y luego ante la Junta Nacional. 

Se utiliza para solicitar la calificación de pérdida de capacidad laboral (PCL), ante la entidad con la que está afiliado (a) (EPS, ARL, fondo de pensiones) o a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, si se busca un dictamen para procesos judiciales o administrativos. El trámite varía según la entidad y la causa de la pérdida de capacidad, pero generalmente implica presentar documentos, asistir a valoraciones médicas y, si es necesario, apelar el dictamen en instancias superiores. 

Este documento corresponde a un modelo de recurso de reposición y apelación. Se presenta contra una decisión expedida por una autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones. También puede ser interpuesto ante una autoridad privada que cumpla funciones públicas o a la que se le hayan delegado, como por ejemplo la prestación de un servicio público.

El recurso está fundamentado en los artículos 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). Se presenta cuando una autoridad ha negado una reclamación, una solicitud o el reconocimiento de un derecho. Algunos ejemplos comunes incluyen la reclamación de una pensión, la reliquidación de la misma, la solicitud de una indemnización sustitutiva de la pensión, o la calificación de pérdida de capacidad laboral, entre otros.

El objetivo del recurso de reposición es que el mismo funcionario que expidió la decisión la estudie nuevamente, la analice y, si procede, la revoque total o parcialmente, reconociendo el derecho solicitado por el ciudadano.

Por otro lado, el funcionario también puede confirmar la decisión inicial. En este caso, dado que el recurso de apelación se presenta de manera subsidiaria, el expediente se envía al funcionario superior. Este funcionario revisará toda la actuación y, si lo considera viable, podrá revocarla por completo, reformarla parcialmente o, en su defecto, confirmar la decisión de primera instancia.

Esta minuta de Acción de Tutela sirve como un modelo adaptable para solicitar la protección de derechos fundamentales ante un juez constitucional en Colombia. Se puede utilizar cuando una persona o interesado considere que sus derechos han sido vulnerados.

Los derechos fundamentales, que son la base para interponer esta acción, se encuentran principalmente en los artículos 11 al 41 del Título II de la Constitución Política de Colombia. Este conjunto de artículos, junto con el resto del "bloque de constitucionalidad", establece los derechos y deberes de los ciudadanos, así como las garantías necesarias para su protección efectiva.

La Estabilidad Laboral Reforzada es un derecho fundamental que protege a trabajadores en situación de debilidad manifiesta, especialmente aquellos con problemas de salud, discapacidad o enfermedad grave/catastróficas, Padres y madres cabeza de familia, Pre-pensionados, garantizándoles la permanencia en su empleo y limitando la facultad del empleador para despedirlos sin justa causa. Vulnerando las normas que protegen esta categoría de empleados.  La acción de tutela es un mecanismo para reclamar este derecho, especialmente cuando existe un riesgo de perjuicio irremediable. 

La a acción de tutela es una herramienta importante para proteger la estabilidad laboral reforzada, especialmente cuando existe un riesgo de despido injustificado y se busca evitar perjuicios graves al trabajador. Es crucial demostrar la situación de vulnerabilidad y el conocimiento del empleador, y evaluar si existen mecanismos ordinarios más adecuados para el caso.